Un nuevo modelo
La sectorización de la ciudad, la participación ciudadana efectiva y una mayor capacidad ejecutiva del gobierno, letra grande de la Ley
Los cambios que introducirá en Burgos su conversión a efectos administrativos en una ‘gran ciudad’ serán sustanciales y afectan a numerosos ámbitos del gobierno de la capital. En líneas generales, se puede establecer que la Ley persigue dos objetivos fundamentales: agilizar y modernizar el proceso de toma de decisiones ejecutivas, por un lado, y fomentar la participación ciudadana y la descentralización de la administración, por el otro.
En lo que se refiere al ejercicio del gobierno, y siempre teniendo en cuenta que la Ley es mucho más amplia, algunos de sus efectos más relevantes afectan a la figura del alcalde y de la Junta de Gobierno, que pasa a constituirse de hecho en el gran órgano decisorio en la política municipal. Así, el próximo alcalde de Burgos estará facultado para nombrar a tres personas no electas como parte de la Junta de Gobierno.
Se pretende que dicho órgano pueda albergar la opinión de profesionales cualificados que no necesariamente tengan una vinculación política al partido en el poder. Serán tres porque equivalen a un tercio de la representación de la Junta de Gobierno sin contar al alcalde, y en Burgos dicho organismo está formado por diez personas, primer edil incluido.
Estos ‘delegados’ tendrán los mismos derechos y deberes que los concejales electos, con la salvedad de que en los Plenos no tendrán voto, aunque sí voz.
También hay una nueva estructuración en las diferentes áreas municipales, que podrán contar con la figura de los directores generales, casi plenipotenciarios y con un margen de maniobra bastante amplio. Por contra, el Pleno pasa a ser un órgano de puro debate, sin más atribuciones en lo que se refiere a la fiscalización de los movimientos del Ejecutivo local que las de ‘visar’ cuestiones estratégicas como la revisión de los planes generales o los presupuestos municipales.
Descentralización
La Ley también obliga a la división de la ciudad en diferentes distritos que contarán con cierta autonomía. No bastará con nombrar ‘concejales tutor’, sino que el Ayuntamiento deberá distribuir una parte de sus recursos por los diferentes distritos y se habilitarán órganos de representación vecinal más vinculantes que los actuales.
En este plano, el de la participación ciudadana, la Ley promueve la creación de nuevos organismos, fundamentalmente dos. La Comisión de Sugerencias y Reclamaciones estará formada por miembros del Pleno con representación obligatoria de todos los grupos municipales. A ella podrán apelar los vecinos para la defensa de sus derechos.
Además, el Consejo Social deberá sentar a los principales agentes económicos y sociales de la ciudad, que tendrán poder para implementar propuestas de ciudad, especialmente en el campo de la trama urbana.
Así que, sobre el papel, se propone una sociedad más participativa y una administración más ágil. ¿Dónde está el problema? En el coste económico de aplicarla por el incremento de personal. «Tenemos que ser muy austeros e ir, de inicio, a una aplicación de mínimos en este campo», valora el actual portavoz municipal, Javier Lacalle.
Destaca
27 más 3 concejales El alcalde podrá nombrar a tres personas como miembros de la Junta de Gobierno. Estas tres personas no serán elegidas en urnas y tendrán los derechos y deberes de un concejal, si bien su presencia en el Pleno les otorgará voz, no voto.
0900? en distritos La división de la ciudad por distritos no será una cuestión geográfica, también tendrá un impacto administrativo. Se deberán distribuir los recursos: «...debiendo además cada Ayuntamiento establecer el porcentaje mínimo de sus recursos que deberá gestionarse por distritos...», reza la Ley.
VOZ CIUDADANA. Se debe crear un Consejo Social con capacidad para exponer y plantear proyectos especialmente vinculados a la trama de ciudad y el desarrollo urbanístico. En él estarán representados los principales agentes económicos y sociales. Por distritos, habrá también una representación con más peso que los actuales consejos.
800.000
euros fue el coste inicial estimado por el actual equipo de Gobierno de comenzar a aplicar la Ley. Fue un cálculo somero con motivo de rebasar los 175.000 habitantes. Será más.
Fuente: Diario de Burgos
