jueves, 14 de abril de 2011

INCORPORACIÓN DE BURGOS AL RÉGIMEN DE GRAN CIUDAD

La incorporación de Burgos al régimen de 'grandes ciudades' costará 800.000 euros

La Ley obliga a un cambio sustancial en el organigrama de la próxima Corporación Se podrán elegir hasta tres concejales no electos y crear distritos en los barrios

J. MAIQUES / Burgos
El próximo 11 o 12 de junio, cuando se constituya la nueva Corporación que salga elegida de los comicios municipales de mayo, el Ayuntamiento de Burgos deberá acogerse al régimen de lo que popularmente se conoce como Ley de las Grandes Ciudades. La capital burgalesa se incorporará a este 'club' por imperativo legal ya que los 175.000 habitantes que alcanzó en el padrón de 2010 (el anterior a la celebración de elecciones) le obligan a adaptarse a esta normativa y realizar una transformación radical del funcionamiento de la Administración local. Y ese esfuerzo, tiene un coste. Según los cálculos iniciales del portavoz del equipo de Gobierno, Javier Lacalle, la conversión en 'gran ciudad' le supondrá al Consistorio un desembolso de «entre 800.000 y un millón de euros».
Este gasto, que pretende ser «lo más austero posible», (comenta que podría ser, tranquilamente, de hasta dos millones de euros) se justifica, a grandes rasgos, en el cambio de organigrama (más personas con altos cargos), en la creación de distritos en la ciudad y en el surgimiento de nuevos organismos de gestión, tal y como obliga el título 10 de la Ley de Bases de Régimen Local de 1985.
Uno de los grandes cambios que plantea la Ley será el de dar mucho más poder a determinados órganos como la Junta de Gobierno y la Alcaldía. Y lo hará en detrimento del Pleno, que se convertirá en un órgano deliberativo y que quedará, casi exclusivamente, para el debate entre las formaciones políticas representadas en el Ayuntamiento. Eso sí, algunos de los grandes asuntos, como la aprobación de los Presupuestos o del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), se someterán a votación en el Pleno.
De este modo, y tal y como señaló Lacalle, el sentido es «agilizar la gestión». «El Pleno pasará a ser más un órgano de control de la gestión que de aprobación de acuerdos», añadió el edil.
Otra de las transformaciones sustanciales será que el futuro alcalde tendrá la potestad de incorporar a la Junta de Gobierno (formada por nueve integrantes del Ejecutivo municipal) a tres personas que no hayan sido elegidos en las urnas como concejales. Tendrán sus mismos derechos y obligaciones e incluso se encargarán de dirigir su propia área. Eso sí, tendrán voz en el Pleno pero no podrán votar.
Y es que, el cambio en el organigrama será total y, por de pronto, se crearán una serie de grandes áreas que, a su vez, se encargarán de coordinar a varias Concejalías. Así, por poner un ejemplo ficticio, Licencias, Servicios y Urbanismo (con sus tres concejales distintos) estarían 'dirigidos' por el responsable de una de estas áreas. Una tarea que, como parece lógico, quedará reservada para los hombres fuertes de la lista ganadora.
Inmediatamente por debajo de estos responsables políticos, la Ley establece la figura del director o del coordinador general. Este puesto será para el máximo responsable técnico y sustituirá al actual jefe de servicio o gerente.
Del mismo modo, la Ley de las Grandes Ciudades contempla la creación de una serie de distritos que, tal y como señaló Lacalle, «tienen que tener una pequeña autonomía y gestionar algunos recursos simbólicos». En este sentido, el también candidato prefirió no avanzar cuáles son sus planes si resulta ser elegido como nuevo alcalde de la ciudad y sostuvo que el número «lo decidirá el próximo Gobierno municipal». Del mismo modo, tampoco avanzó si incorporará a uno, dos o tres 'concejales' no electos.
Pero hay más. Así, la Ley también obliga a crear, entre otros cambios, una Comisión de Sugerencias y Reclamaciones y un Consejo Social. Mientras en el primero estarán integrados los responsables de todos los partidos políticos, en el segundo participarán los principales agentes económicos y sociales de la capital. Se trata, a fin de cuentas, de fomentar los órganos de participación.
Seis meses de plazo
Aunque la aplicación de la Ley de Grandes Ciudades empezará a funcionar en el Ayuntamiento el mismo día que se constituya la nueva Corporación, aún habrá que esperar para la creación de determinados órganos y para la aprobación de algunos reglamentos. Y es que, si bien los nombramientos de personas pueden hacerse el mismo día en que se forma Gobierno, hay otros organismos que exigen más tiempo. Así, la Ley marca un plazo máximo de seis meses para realizar los trámites oportunos (redactar reglamentos, aprobarlos inicialmente someterlos a información pública y aprobación de manera definitiva).

Fuente: Correo de Burgos