viernes, 14 de octubre de 2011

El P.P. NO QUIERE QUE SE INVESTIGUE EL CASO ESPOLÓN

La oposición no consigue una comisión de investigación sobre el caso Espolón. El Equipo de Gobierno aprueba en solitario las nueva ordenanzas municipales

- Información Local -
La polémica de la Cafetería Espolón llega al Pleno del Ayuntamiento de Burgos. El Equipo de Gobierno rechaza la proposición conjunta de los grupos de la oposición para crear una comisión de investigación que depure las correspondientes responsabilidades políticas, y se escuda en la solicitud de un informe a Secretaría General. Los impuestos, tasas y precios públicos completan la polémica en el Pleno.


El Equipo de Gobierno ha explicado que, una vez agotada la vía administrativa para exigir a los arrendatarios el pago de los cánones por la Cafetería Espolón, se decide llevar el caso a los tribunales, y para dar solución a la “alarma social”, iniciar una investigación, a través de un informe de Secretaría General.
El concejal de Hacienda, Salvador de Foronda, ha insistido en que todo el mundo quiere saber qué es lo que ha ocurrido para que un arrendatario haya estado sin pagar el alquiler durante 11 años, sin que los requerimientos hayan tenido éxito. Para ello, lo mejor, solicitar un informe a Secretaría General, máximo órgano  jurídico del Ayuntamiento, objetivo y políticamente independiente.
Los grupos de la oposición consideran que dicho informen no es suficiente, dado que Secretaría General no puede depurar responsabilidades políticas, que las hay según PSOE, UPyD e IU. Por este motivo, a través de una proposición Conjunta, la oposición ha pedido la creación de una comisión de investigación.
El socialista Antonio Fernández Santos le ha preguntado al Equipo de Gobierno por qué la rechazan, y ha recordado que lo que están haciendo es dar una mala imagen a la sociedad burgalesa.
De igual modo, el concejal socialista quiere saber qué es lo que se le va a pedir a Secretaría General, una vez que el pasado 4 de octubre se presentó una demanda para cobrar la deuda y exigir el desahucio de las instalaciones. Fernández Santos espera que dicha demanda haya ido correctamente justificada, y si es así, qué nos va a aportar de nuevo el informe solicitado por el Equipo de Gobierno.
El portavoz municipal Ángel Ibáñez ha defendido la actuación del actual Equipo de Gobierno, recordando que el alcalde Javier Lacalle dio orden, hace tres meses, de que se iniciase el procedimiento para interponer la correspondiente demanda. Ahora se abre una investigación para saber qué es lo que ha ocurrido al lo largo de todos estos años. Dicho informe de Secretaría General estará elaborado en un par de meses.
Otro de los asuntos polémicos debatidos en el Pleno Ordinario han sido las ordenanzas municipales sobre impuestos, tasas y precios públicos para 2012. Los grupos de la oposición coinciden en que las subidas en tasas y precios públicos son “abusivas e injustas”, porque gravan servicios sociales como la Ayuda a Domicilio o las Escuelas Infantiles. Se  opta por el camino más fácil, en lugar de plantear un verdadero plan de austeridad.
Para la concejal socialista Carmen Hernando, el Equipo de Gobierno sube tasas, precios públicos e impuestos para poder financiar sus “caprichos”, y avanza un nuevo crédito, de 16 millones de euros, para el primer trimestre del año, lo que incrementará en un 11% la deuda municipal.
Desde el Equipo de Gobierno, el responsable de Hacienda, Salvador de Foronda, ha insistido en que las subidas porcentuales parecen mayores de lo que en realidad se tendrá que pagar a mayores. Además, los servicios continúan siendo deficitarios para el Ayuntamiento, y hay que buscar un equilibrio presupuestario mientras se  incrementan los costes municipales. De Foronda habla de re-educación económica para todos.
Sobre los impuestos, a pesar de que el Partido Popular asegure haberlos congelado, el PSOE ha recordado que el IBI subirá, como mínimo, un 5% en 2012. Se suben tipos impositivos, y en aquellos casos que se congelan es porque el tipo está prácticamente al tope de lo que permite la Ley.
Frente a la estimación del PP sobre la repercusión en los bolsillos de los ciudadanos de las nuevas ordenanzas, que hablan de 20 euros más al año por familia, el PSOE eleva la cantidad hasta los 300 euros, puesto que incluye, además de los impuestos obligatorios, un uso moderado de los servicios que ofrece el Ayuntamiento de Burgos.
En el Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Burgos se han aprobado inicialmente los reglamentos del Tribunal Económico-Administrativo, del Consejo Social y de modificación del Órgano de Gestión Tributaria y Tesorería, para cumplir con la Ley de Grandes Ciudades. Los reglamentos han sido pactados entre PP y PSOE, mientras los representantes de UPyD e IU no han acudido prácticamente a ninguna de las reuniones convocadas, según el responsable de Hacienda, Salvador de Foronda.
El portavoz de Unión Progreso y Democracia, Roberto Alonso, se ha defendido recordando que son un grupo nuevo en el Ayuntamiento y que requieren más tiempo para estudiar estos documentos. Asimismo, Alonso se ha quejado de que el Equipo de Gobierno haya aceptado todas las enmiendas presentadas por el PSOE y casi ninguna de las que han presentado desde UPyD.
De todos modos, todos los grupos esperan que durante el periodo de información pública se puedan incorporar las modificaciones que permitan el apoyo unánime a los diferentes reglamentos.
En lo que se refiere a las proposiciones presentadas en el Pleno, IU ha pedido una auditoria interna sobre los grandes contratos municipales, para asegurarse de que funcionan correctamente. El portavoz Ángel Ibáñez ha negado esta posibilidad, insistiendo en que en el Ayuntamiento se revisan los contratos y se hace un seguimiento de los mismos.
El socialista Antonio Fernández Santos ha reconocido que este proceso se lleva a cabo en algunos contratos, pero no en todos, y ejemplos de ellos tiene unos cuantos.
Esta proposición era desestimada, como la otra presentada también por Izquierda Unida, en la que se pedía que se retirase la licencia a una cafetería que tiene ubicada su terraza en un jardín del parque Félix Rodríguez de la Fuente. La responsable de Licencias, Dolores Calleja, ha asegurado que está en el parque, y no en un jardín, que no es permanente, y ha insistido en que la licencia se ha otorgado de conformidad con la ordenanza. Si no es así, los juzgados en los que “Eras de Gamonal” han presentado la denuncia, ya determinarán qué  hacer.
Igual suerte han corrido las proposiciones socialistas. El Partido Popular no ha aprobado ni la creación de un Plan de Empleo Local ni el cambio en el modelo de gestión de las bibliotecas de los Cívicos. En el primer caso, porque consideran que la responsabilidad es del Gobierno Central; en el segundo, porque insisten en que esa gestión a través de una empresa privada le sale más barata al Ayuntamiento que si la tuviesen que asumir las arcas municipales.
Por el contrario, la proposición de Unión Progreso y Democracia para exigir conocer prontamente el proyecto que se prevé para la antigua estación del ferrocarril, antes de que se pierda la subvención de 3,5 millones de euros del Plan Urban, sí ha contado con el apoyo del PP.
Para ello ha sido necesario hacer un pequeño cambio en el texto, eliminando el apartado que sugería que el Equipo de Gobierno todavía no había comenzado a trabajar en el proyecto, porque no es así, según explicaba el responsable del IMC, Fernando Gómez.
Fuente: Radio arlanzon