jueves, 16 de febrero de 2012

LOS VECINOS CONFÍAN QUE LA JUSTICIA HAGA JUSTICIA

 Ibáñez confía en la Justicia tras ser denunciado por el caso de la Cafetería Espolón
- Información Local -
El vicealcalde de Burgos, concejal de Hacienda en la anterior legislatura, Ángel Ibáñez, ha hablado de la denuncia que han presentado ciudadanos particulares y representantes de asociaciones, contra él y contra el exalcalde Aparicio, por el conocido “caso Espolón”. En el escrito que se llevado al Juzgado, los denunciantes piden que se investiguen los hechos en profundidad para que se depuren responsabilidades políticas. Ibáñez ha respondido que tiene "la conciencia muy tranquila y plena confianza en el Estado de Derecho".
El pasado 9 de febrero un grupo de ciudadanos, bien a título particular o en representación de alguna asociación, presentaron ante el Juzgado de Instrucción decano de Burgos un denuncia derivada de los hechos del conocido “caso de la Cafetería Espolón, contra el exalcalde de Burgos Juan Carlos Aparicio y quien era con el anterior equipo de Gobierno concejal de Hacienda, Ángel Ibáñez.
Desde la presentación de la denuncia ha habido más personas que se han ido interesando por ella y han mostrado su deseo de adherirse.
Lo que se ha presentado al Juzgado es una denuncia y no una querella, es decir, en no se acusa de ningún delito concreto, sino que tan sólo se denuncian unos hechos, que se han ido conociendo en los últimos tiempos,  y se solicita que se investiguen por si pudieran ser constitutivos de algún tipo de infracción penal. En esos hechos que se citan, se recoge que el hostelero que regentó el establecimiento estuvo once años sin pagar el alquiler por el local y los gastos corrientes de luz, agua y calefacción, generando un quebranto a las arcas municipales de 600.000 euros, sólo por el alquiler. También aparece reflejado que la adjudicación del contrato se realizó en mayo del 2000, con una validez de cinco años sin posibilidad de prórroga, y que, a pesar de no abonar cantidad alguna en concepto de alquiler, no sólo no se finiquitó el contrato, en mayo del 2005,  sino que el arrendatario siguió con el local hasta ahora.
Además de otras cuestiones,  también recogidas en el texto de la denuncia, se refleja que en 2008 tanto Aparicio como Ibáñez tuvieron conocimiento de un informe municipal en el que se ponía de manifiesto esta situación y que lo ocultaron, dilatando el problema en el tiempo y los perjuicios económicos para las arcas municipales. Ahora, según una sentencia reciente, el Ayuntamiento de Burgos sólo ha podido reclamar 200.000 euros. Se recogen otras irregularidades como que el establecimiento dispusiera de terraza sin tener la correspondiente licencia, o la celebración de fiestas de fin de año sin permiso.
Los denunciantes entienden que se han producido hechos y conductas, tanto por acción como por omisión, que difícilmente pueden ser acciones por casualidad y que tanto el anterior alcalde como el concejal de Hacienda tenían conocimiento de que estaban ocurriendo, por lo que fueron consentidas. 
Fuente: Radio Arlanzón