jueves, 14 de febrero de 2013

ESTO NO TIENE NOMBRE, O SÍ AYUNTAMIENTO DE BURGOS

Los "negocios" de Braceras ponen en jaque al Ejecutivo de Lacalle

Á.M / Burgos - jueves, 14 de febrero de 2013
Se le advirtió. Secretaría dictó que no estuviera en deliberaciones de contratos que trabajan con la empresa de sus hijos. No lo cumplió
La estabilidad del Gobierno de Javier Lacalle vuelve a estar comprometida. En esta ocasión, y empujada por la inercia de las dos legislaturas precedentes, la figura que está en cuestión es la del concejal Santiago González Braceras. El PSOE volvió a solicitar ayer la destitución del corporativo e IU anunció semanas atrás que trabaja en poner en comunicación de la Fiscalía una serie de hechos puntuales y otros sostenidos en el tiempo que cuestionarían que la gestión de González no se haya visto contaminada por su condición de industrial, que es la información profesional que se condensa en la propia web municipal sobre el corporativo ‘popular’, y viceversa.
El reconocimiento explícito de que participó en al menos un viaje privado para asistir a un partido de fútbol invitado por una empresa que hizo el vicealcalde Ibáñez a este periódico (ver DB del 5 de febrero) y de que destruyó los partes de esos usos él mismo (ver DB del 29 de enero) le volvieron a situar en el epicentro de la tormenta que le persigue desde hace años. Pero, ¿cuáles son verdaderamente los motivos por el que la presencia de González Braceras, que actualmente disfruta de un salario como concejal en dedicación exclusiva, en el equipo de Gobierno ha sido puesta en cuestión de forma redundante?
Básicamente, sus críticos inciden en que la empresa que él fundó y que en 2007 pasó a efectos jurídicos y administrativos a manos de dos de sus hijos (Gopasa) se ha visto presuntamente beneficiada por la situación de privilegio del edil en una Concejalía que maneja varios de los contratos más cuantiosos de la ciudad. Esa ‘acusación’ llegó a ponerse en voz alta en el año 2010, lo que desencadenó un proceso que se zanjó con un informe de Secretaría General que ratificaba al menos tres extremos. El primero es que los hijos del concejal pueden hacer cuantos negocios consideren dentro de los márgenes que abre la ley. El segundo es que González Braceras no puede tomar parte en decisiones que afecten a los contratos con empresas que, a su vez, subcontraten con Gopasa. Y el tercero es que, si la empresa era suya o de su cónyuge, debió abstenerse en cuantos procedimientos similares pudieran haberse dado.

Luces y semáforos
De cómo se encendieron las primeras alarmas tras años de subcontrataciones.
En la Comisión de Licencias del 9 de febrero de 2010, el PSOE exigió que se le entregara la lista de empresas subcontratadas por Urbalux (alumbrado público) y, más en concreto, los trabajos entregados a Gopasa, atendiendo a la obligación legal, hasta entonces incumplida en este caso, de que los adjudicatarios de grandes contratos ofrezcan periódicamente esta información a los municipios.
Aparicio cursó dos órdenes. Una a Secretaría para analizar las consecuencias de esa vinculación, si es que existía, y otra a Urbalux (a través del por entonces concejal de Hacienda, Ángel Ibáñez) para conocer la cuantía de las subcontrataciones. Secretaría se manifestó en los términos ya descritos, señalando que González Braceras estuvo vinculado a la empresa puesto que su mujer y uno de sus hijos eran los dos únicos socios, y está casado en gananciales, hasta septiembre de 2007.

En aquella fecha se cambió el domicilio social, la denominación completa de la empresa y los dos administradores pasaron a ser sendos hijos del concejal. Dado que la ‘denuncia’ del PSOE se produjo en 2010, Secretaría advirtió de que no se incurría en incompatibilidad. Semanas más tarde llegó el informe de Urbalux, en el que se decía que «el promedio anual de facturación de la empresa Construcciones Gopasa XXI, S.L. a Urbalux es de 97.589 euros anuales».
Se demostró que la subcontratación existía y que, de ser González parte directa de Gopasa, la historia sería muy diferente. Pero Secretaría también señaló que «en cualquier caso, el concejal Santiago González Braceras no podrá participar en la deliberación, votación, decisión y ejecución de los asuntos relativos al contrato de referencia del que es adjudicatario la Empresa Urbalux». Y ocurre también que hasta 2007 González Braceras sí era parte directamente interesada. El contrato con Urbalux se firmó el 27 de julio de 2005. El 20 de mayo de aquel año se había constituido la mesa de contratación que dictaminó la mejor oferta. El presidente de la mesa fue Santiago González Braceras.

Además, se tomó la decisión de que el contrato, en lugar de 6 años, durara 10 más 5 de prórroga, algo que González justificó ante la oposición en la amortización de las inversiones ofertadas por la contratista. Entre 2005 y 2007 se produjeron numerosas comisiones de Hacienda en las que se aprobaron revisiones de precios e incluso un incremento de las partidas destinadas a este contrato para material. Según consta en el expediente, González Braceras estuvo presente en todas.
La relación entre ambas empresas radica en que Urbalux no dispone de división de obra civil, de forma que cada vez que hay que hacer alguna intervención que no se destine exclusivamente a elementos de iluminación, ésta se subcontrata, por ejemplo, con Gopasa.
Lo mismo ocurre con la empresa encargada de la conservación, mantenimiento y gestión del tráfico en Burgos, el Grupo Etra. Durante años, se mantuvo un pulso en el equipo de Gobierno (por entonces de Aparicio) por la distribución de las competencias de Tráfico. Una parte entendía que debían estar bajo el paraguas de la Concejalía de Seguridad Ciudadana (Policía Local), pero la otra parte, personificada en González Braceras, peleó por mantenerlas bajo su dominio. Y ganó.
En la comisión de Hacienda del 31 de agosto de 2010 se aprobó el pliego de condiciones para adjudicar el contrato por un importe de 2.015.000 euros anuales. González Braceras estuvo en la comisión. En la Junta de Gobierno que procedió a la adjudicación, del 8 de febrero de 2011; González Braceras estuvo presente. Secretaría había advertido un año antes que no podría formar parte de ningún órgano que tomara decisiones sobre adjudicaciones a empresas que subcontraten a Gopasa. En el año 2012, y según informe remitido por el propio Grupo Etra, se encomendaron a Gopasa trabajos por valor del 1,72% del contrato. Unos 35.000 euros.

Parques y jardines

Un cambio de adjudicatario y al menos una obra encargada a gopasa
Otro de los contratos millonarios que ha dependido de la Concejalía de González durante tres legislaturas es el de Parques y Jardines. En el año 2008 se sacó a concurso este servicio y, tras muchos años en los que la empresa Cespa venía desempeñando el cometido sin que se documentaran incidencias relevantes, fue adjudicado a una Unión Temporal de Empresas (UTE) bajo la denominación de ‘Jardines de Burgos’.
Desde entonces y hasta abril y mayo de 2012, las denuncias por falta de mantenimiento fueron redundantes, llegando a convertirse en un asunto grave cuando se secaron decenas de jardines por toda la ciudad. Entonces se supo que los técnicos de Vías Públicas, departamento que también dirige el concejal ‘popular’, habían puesto de manifiesto incumplimientos de contrato desde comienzos del 2009. Casi desde el primer día.
En agosto de 2012 la situación fue tan insostenible, a juicio de los técnicos municipales, que se evacuó un informe en el que se decía, literalmente, que «los incumplimientos son tan importantes y reiterados que debiera rescindirse el actual contrato con la UTE Jardines de Burgos». Sin embargo, dicha medida nunca se tomó.
Al recibir el contrato, la UTE se vio obligada a acometer una serie de reformas en diversos locales de la ciudad para adaptarlos como almacenes, vestuarios u oficinas y prepararlos para la nueva actividad. Este periódico ha constatado que se realizó una reforma en una nave de Villalonquéjar por valor de 58.133 euros, otra en Pentasa de 34.864 euros y otra más en la calle San Bruno por 36.187 euros. Todas se gestionaron y ejecutaron entre septiembre de 2008 y enero de 2009.
Al menos en el tercer caso la empresa constructora era Gopasa. Un informe de Policía Local por inspección de obras fechado a 30 de octubre de 2008 señala que, al personarse en la obra, «nos presenta un trabajador una licencia de la sección de obras menores, pero se observa que la reforma es total, ya que incluso van sacando varios contenedores de escombros al ir derribando muros, siendo el interesado la UTE Jardines de Burgos, cediendo los trabajos de la obra a Gopasa, quien a su vez lo da a una subcontrata (Efebedos)».

Y un supermercado

DÍA elige locales del concejal para abrir una nueva sede
Los tiempos también juegan un papel relevante en otro expediente municipal en el que González Braceras es protagonista, aunque por motivos diferentes a los expuestos en los casos anteriores. El 21 de agosto de 2012 la Distribuidora Internacional de Alimentación (DIA) firma un escrito que registra en el Ayuntamiento al día siguiente en el que expone que tiene interés en la instalación de un supermercado en un local sito en la calle San Zadornil, 16.
En realidad, el local no es tal, sino la unión de varios diferentes. Adjunto a los proyectos y la solicitud de licencias, en el expediente obran las escrituras que certifican las características de cada uno de esos locales con la pretensión de unificarlos en un solo espacio y proyecto y alcanzar así la superficie requerida por DIA para abrir el supermercado pretendido (que de hecho ya está abierto).

En las escrituras se aprecia que tres de los cuatro locales a los que se hace referencia en el expediente pertenecen a Santiago González Braceras. El cuarto a un familiar directo. Pero también se refleja algo más. Concretamente, que uno de los tres locales a nombre del edil no era suyo 20 días antes de que se presentara la petición en dependencias municipales, sino de otro familiar.
Según consta, uno de sus hijos ejerció la compra a fecha 2 de agosto, pero la propiedad quedó escriturada a nombre de González Braceras, tal y como está reflejado en el Registro de la Propiedad con la misma fecha. Dado que no han sido ‘registralmente’ unificadas las propiedades y que siguen constando como pertenecientes al edil ‘popular’ y uno de sus familiares, todo parece indicar que DIA ha alquilado los espacios con la finalidad de abrir el supermercado en San Zadornil.
La unidad administrativa que tramitó los proyectos es el servicio de Licencias, aunque algunos escritos se dirigieron a Urbanismo.
Fuente: Diario de Burgos