martes, 19 de febrero de 2013

LO QUE NOS FALTABA HACIENDA IGNORA CUÁNTOS CONCEJALES HAY A SUELDO

Hacienda ignora cuántos concejales cobran sueldo y quiénes los asesoran


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Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda. Imagen: Archivo

 

Con la reforma local a punto de echar a andar, el Gobierno reconoce que es mucho lo que todavía desconoce de esa Administración. Uno de los pilares de la renovación será asegurar que el 82 por ciento de los concejales no cobra por ocupar su puesto, pero Hacienda todavía no tiene datos sobre cuántos de los ediles ahora en ejercicio se verán afectados por esa medida.
Y de ese modo tiene difícil rebatir una de las primeras críticas que se han dirigido contra la reforma, según la cual muchos concejales ya trabajan gratis y no cabe esperar mucho más ahorro por esta vía.
Pero las cuentas de las entidades locales se muestran aún más opacas a los ojos de Hacienda, tal y como reconocen fuentes del departamento que dirige Cristóbal Montoro. Hasta el punto de que también ignoran cuántas personas trabajan asesorando a los ayuntamientos, y cobran por ejercer esa función.
No es un dato de poca importancia, dado que otra de las líneas maestras de la reforma local pasa por poner coto al llamado personal eventual que se encuentra al servicio de los ayuntamientos, en muchos casos sin una función claramente definida y con una remuneración que tampoco es transparente.

Un número de asesores desconocido

El número máximo de asesores municipales que el Ejecutivo está dispuesto a tolerar es de 6.489 en toda España, lo que implica que muchos municipios (los casi 7.000 que tienen menos de 5.000 habitantes) tendrán que prescindir completamente de estos cargos en su plantilla.
Para comenzar la poda cuanto antes, y subsanar de paso sus lagunas de información, Hacienda les ha dado un mes a los ayuntamientos para que pongan en claro las cifras sobre el número de concejales a sueldo del que disponen y el propio de los asesores que los complementan.
El hecho de no disponer todavía de toda la información no ha sido un impedimento para que el Gobierno, la semana pasada, se aventurara a dar por cerrado el cálculo sobre el ahorro que supondrá la reforma de la Administración local en su conjunto, el cual quedó situado en 7.129 millones de euros, más de lo doble de lo previsto en el primer borrador del anteproyecto de Ley.

Hay cifras agregadas

Desde Hacienda se defiende que, si hay tantas seguridades, es porque los ayuntamientos sí han facilitado cifras agregadas de su gasto en personal. En otras palabras, los consistorios dejan saber a Hacienda cuánto desembolso suponen sus sueldos, aunque se resistan a explicar cómo lo reparten entre su personal.
Partiendo de esos datos, argumentan, se ha podido hacer una estimación del impacto que tendrá la eliminación del sueldo para la mayoría de los concejales, la reducción del cuerpo de asesores y también el establecimiento de un tope máximo para el sueldo de los alcaldes, cuya referencia será el 100% del salario de un secretario de Estado para los regidores de las grandes ciudades.

La clave, delimitar funciones

Además, en Hacienda insisten en que el grueso del ahorro que supondrá la reforma estriba en la delimitación de competencias y en fomentar que los municipios de reducido tamaño, y las pequeñas corporaciones locales, dejen de prestar servicios para los que no están capacitados y los deleguen en instituciones mayores y más eficientes.
Con objeto de manejar un criterio objetivo a la hora de delimitar quién es o no eficiente, los expertos de Cristóbal Montoro han calculado un "coste estándar" para cada servicio, cuyas cuantías concretas no quisieron aún revelar. Para ello han tenido en cuenta sobre todo la población que se encuentra a cargo de cada entidad local, sin perder de vista otras variables como la dispersión de la población o su grado de envejecimiento.
Todo lo que rebase ese coste estándar se considerará una prueba de ineficacia y el servicio tendrá que ser delegado a un municipio de mayor tamaño, a la correspondiente diputación provincial o al Gobierno autónomico, según los casos.
A partir de entonces, las entidades locales que aspiren a ello tendrán un plazo de cinco años para mejorar su ejecución, y así tener posibilidades de recuperar el servicio que se les arrebató.
De este modo, en Hacienda dejan entrever que el despliegue completo de la reforma de la Administración local va a ser lento. Su plena entrada en vigor puede demorarse hasta 2014, ya que aún hay que esperar al dictamen del Consejo de Estado y, después, se espera un debate parlamentario arduo.
Fuente: elEconomista.es